José Luis González Cussac: “Hay que vigilar las cuentas automatizadas, porque pueden afectar en un proceso electoral"
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La segunda jornada del curso sobre ‘Ciberterrorismo, Cibercriminalidad y Ciberamenazas’, de la XXVIII Universidad de Verano de Maspalomas, contó este jueves con la intervención de José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal, quien expuso que, en su opinión, el problema actual más inmediato y que supone una nueva amenaza son las “cuentas automatizadas”, que son ordenadores que replican, constantemente, determinada información que puede ser falseada e influir a la opinión pública, por lo que puede llegar a afectar en un proceso electoral.
En su intervención, González Cussac, director del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales por la Universidad de Valencia, explicó, ante más de 40 asistentes, la diferencia entre desinformación, noticias falsas y noticias falseadas, unos conceptos que constituyen “una gran preocupación tanto para los estados, como para la ciudadanía, por su implicación con el Derecho Constitucional. Las noticias falseadas, dijo, solo se producen en las Redes Sociales, y consiste en difundir noticias que son previamente alteradas, con un fin económico o político.
Desde el Derecho Penal se puede condenar los delitos clásicos, “como las injurias, que es la atribución de un hecho deshonroso a una persona, cuando se hace inverazmente, o las calumnias, que suponen la atribución de la comisión de un delito falsamente. Pero, si la falsa imputación se lleva a cabo delante de la autoridad competente, se convierte en una acusación o denuncia falsa”, concluyó.
Otro apartado que sí recoge el Derecho Penal son los delitos relacionados con el terrorismo, como el enaltecimiento y la apología. En este caso, también se pueden aplicar algunos supuestos de información falseada con penas para los terroristas y sus colaboradores.
En cuanto a las campañas de desinformación, algunas organizaciones consideran que pueden afectar a la opinión pública, pero, al mismo tiempo hay que respetar el derecho a la información que tiene la ciudadanía, pero “bajo ningún concepto, expuso, una censura previa se puede instaurar en un sistema de libertades, puesto que estaría limitando el derecho a informar y el derecho a recibir información veraz, por lo que la censura tampoco es el camino”.
El uso de drones, robos y coches sin conductor
Juan Carlos Ferré Olivé, catedrático de Derecho Penal y decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Huelva, ofreció una conferencia sobre ‘Inteligencia artificial y Derecho Penal’, en la que expuso que “la aparición de máquinas inteligentes, que era ciencia ficción hasta hace muy poco, está cambiando completamente a las sociedades contemporáneas y, más allá de su influencia en el empleo, la economía o la tecnología, produce enormes consecuencias en el Derecho”.
El catedrático dijo que, con carácter general, aparecen nuevas formas de contratación, “con y entre agentes inteligentes, mercado de pagos electrónicos o el derecho de autor digital”, cuyas consecuencias también llegan al Derecho Penal. Hay que tener en cuenta que las acciones de los robots, los drones y los modernos vehículos “sin conductor” pueden generar delitos y responsabilidades penales, derivadas del mal uso por parte de sus constructores, gestores o propietarios.
“Sin llegar a estar corporizados, los algoritmos de los que se nutre la inteligencia artificial tienen impacto en la actividad policial, como es el control migratorio, el combate a la ciberdelincuencia o la “geografía del crimen”, que resuelven casos que antes llevaban a la impunidad”, matizó el experto.
La inteligencia artificial también tiene consecuencias en sede judicial, ya que, permite el mejor manejo de la documentación y tramitación de los procedimientos, pero al mismo tiempo, con el uso “aparecen aspectos más dudosos”, como en Estados Unidos, donde se utilizan estos programas informáticos inteligentes para “ayudar al juez a valorar la prueba” o, incluso, para “ordenar su razonamiento”. En resumen, estos programas deducen el riesgo de “reincidencia futura de un sujeto” y ayudan a determinar su pena.
En España, se propone valorar las medidas de seguridad para delincuentes peligrosos, ya que las resoluciones están llevando a una “discriminación algorítmica”, ya que, el programa generado por técnicos informáticos “tiene en cuenta el domicilio del delincuente, si tiene familiares en la cárcel, su etnia o color de piel, para decidir, de manera automática, la pena a imponer, que superará ampliamente la que habrían impuesto los jueces, guiados por criterios de su propia inteligencia natural”.
Para Juan Carlos Ferré es deseable que “esta falta de garantías no se imponga en nuestro país, como ocurre en Estados Unidos, donde la máquina reemplaza al Juez, lo que supone un auténtico atentado contra las garantías básicas en un Estado de Derecho”.
El tercer ponente fue Alessandro Melchionda, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Trento (Italia), que disertó sobre ‘Cibercriminalidad y actividad empresarial. La experiencia italiana’.
Programa de mañana viernes
La jornada de mañana viernes comenzará a las 17 horas, con la intervención de Emilio Cortés Bechiarelli, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura, que presentará una ponencia sobre los ‘Retos procesales en la era cibernética’.
Media hora más tarde, intervendrá Miguel Abel Souto, catedrático acreditado de Derecho Penal y director del Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa en la Universidad de Santiago de Compostela, quien hablará sobre ‘Cibercriminalidad y blanqueo de dinero’.
La conferencia de clausura, a las 18:30 horas, estará a cargo de Luis del Río Montesdeoca, fiscal Superior de Canarias, Doctor en Derecho y Profesor Asociado de Derecho Penal (ULPGC), que disertará sobre ‘La organización de la Justicia. Una visión de futuro’.
